Una de las funciones del Estado, es la administrativa, a través de la cual entre muchas otras actividades, realiza obras de cultura que fomentan los servicios públicos, la previsión o la beneficencia social. Dice al respecto Kelsen … “una vez que el Estado, ya no se conforma con castigar ladrones y asesinos o dictar ejecución contra el deudor moroso poniéndolo a disposición del acreedor, sino que regula la actividad industrial, cuida de la salud y educación, persigue fines de cultura, todo eso no puede realizarse sino a condición de que sean dictadas ciertas normas jurídicas generales (leyes),… sobre la base de las cuales se realizan actos jurídicos individuales, decisiones y resoluciones de los órganos del Estado…" [1]
Me queda claro que el Estado está obligado a proporcionar educación a la población, pero la doctrina constitucional va más allá al precisar que entre los fines estatales están la justicia, el bien común y el crecimiento y desarrollo armónico de los seres humanos, garantizándoles educación, salud, bienestar, etc., que le permita alcanzar su máximo potencial en un ambiente socialmente sano. Al respecto nos dice Serra Rojas que “debemos distinguir dos posiciones sobre este tema la que podemos asumir concibiendo a un hombre, a una sociedad, a un Estado y a un derecho idealizados, y la que corresponde a la realidad. En la especulación sobre los fines del derecho y del Estado es posible admitir que son la felicidad del hombre en su ser individual y en su ser colectivo…”[2]
Lo que apreciamos en la vida cotidiana es el abandono del Estado de su función cultural, que los programas pedagógicos no encuadran con la realidad social, que las medidas adoptadas para prevenir la desintegración y violencia familiar, las adicciones, la delincuencia, el bajo aprovechamiento y la alta deserción escolar, etc., son casi nulas por parte del Estado, que las consecuencias nocivas de este descuido estatal están afectando a un número cada vez más grande de personas, provocando problemas más graves.
Considero que las políticas públicas, como medidas tomadas por el Estado, para la adecuada intervención, ante los problemas familiares, repercuten en un mayor número de delincuentes en las calles y en las cárceles y que el Estado está menospreciando la importancia de su papel de garante de la institución familiar, por ello no se ha prestado la adecuada atención a su función de prevención, predicción, intervención, rehabilitación, etc. y de los efectos de la ausencia de modelos de control social adecuados.
Si los padres de familia están incurriendo en alguna responsabilidad, en caso de no estar cumpliendo, de la manera en que se espera su intervención en la educación y crianza de sus hijos, al no brindar modelos paternales correctos, ¿tendría el Estado que intervenir?
Me queda claro que el Estado está obligado a proporcionar educación a la población, pero la doctrina constitucional va más allá al precisar que entre los fines estatales están la justicia, el bien común y el crecimiento y desarrollo armónico de los seres humanos, garantizándoles educación, salud, bienestar, etc., que le permita alcanzar su máximo potencial en un ambiente socialmente sano. Al respecto nos dice Serra Rojas que “debemos distinguir dos posiciones sobre este tema la que podemos asumir concibiendo a un hombre, a una sociedad, a un Estado y a un derecho idealizados, y la que corresponde a la realidad. En la especulación sobre los fines del derecho y del Estado es posible admitir que son la felicidad del hombre en su ser individual y en su ser colectivo…”[2]
Lo que apreciamos en la vida cotidiana es el abandono del Estado de su función cultural, que los programas pedagógicos no encuadran con la realidad social, que las medidas adoptadas para prevenir la desintegración y violencia familiar, las adicciones, la delincuencia, el bajo aprovechamiento y la alta deserción escolar, etc., son casi nulas por parte del Estado, que las consecuencias nocivas de este descuido estatal están afectando a un número cada vez más grande de personas, provocando problemas más graves.
Considero que las políticas públicas, como medidas tomadas por el Estado, para la adecuada intervención, ante los problemas familiares, repercuten en un mayor número de delincuentes en las calles y en las cárceles y que el Estado está menospreciando la importancia de su papel de garante de la institución familiar, por ello no se ha prestado la adecuada atención a su función de prevención, predicción, intervención, rehabilitación, etc. y de los efectos de la ausencia de modelos de control social adecuados.
Si los padres de familia están incurriendo en alguna responsabilidad, en caso de no estar cumpliendo, de la manera en que se espera su intervención en la educación y crianza de sus hijos, al no brindar modelos paternales correctos, ¿tendría el Estado que intervenir?
Me preocupa la idea de que los delincuentes aprenden a serlo desde que están en el seno familiar, por ello considero que existe la obligación del Estado y de los padres de familia, de brindar cuidado, atención y educación necesaria, para que los hijos no se conviertan en delincuentes y por otro lado que si la conducta delictiva fue aprendida en casa ¿cómo fue dicho aprendizaje y de que manera se puede prevenir?
La delincuencia es un problema creciente, que no sólo tiene su origen en la falta de oportunidades laborales y en las crisis económicas, recurrentes en nuestro país, si no que se agravan gracias a lagunas en la ley, que no han establecido con claridad la responsabilidad de los padres en la omisión de cuidado a que están obligados, para con los hijos que están bajo la patria potestad, tampoco se establecen con claridad la pena que el Estado pueda establecer en contra de los padres que no brindan a sus hijos una adecuada educación formal y no formal, que incluya valores y principios, un ambiente emocionalmente sano, una convivencia armoniosa y una oportuna corrección de conductas, ni señalan las obligaciones del Estado en este sentido.
Basados en los ordenamientos legales que establecen las obligaciones y responsabilidades, tanto del Estado como de los padres, tenemos que conocer las implicaciones legales y sociales que deben o deberían enfrentar, por la falta de compromiso en la crianza de los hijos, que sin lugar a dudas debe ir más allá de la educación formal del sistema estatal.
¿Cómo se percibirán a sí mismos los padres de familia con respecto a la normatividad que les impone el cumplimiento de una educación integral?, pues en determinado momento pudieran estar pensando que la crianza y formación de sus hijos no es del todo su responsabilidad, si no que es una misión compartida con el Estado, formándose así un circulo vicioso, en donde nadie asume su papel y delega en el otro, el compromiso.
Creo que es importante señalar las carencias normativas y la forma en que éstas pueden ser percibidas por el ciudadano común, amén de las repercusiones sociales que implican, orientar mejor las políticas administrativas y normativas de la sociedad, constituyendo una invitación a la reflexión tanto de padres de familia como de autoridades.
Juzgo que, como parte de la sociedad, por obligación moral debemos conocer los efectos de la falta de compromiso de los padres y de la poca o nula aplicación de la ley o la escasa normatividad que sobre el tema se ha producido en materia legislativa.
[1] Kelsen, Hans, Teoría General del Estado, pág. 56.
[2] Serra, Rojas Andrés, Teoría del Estado, Pág. 69-70
La delincuencia es un problema creciente, que no sólo tiene su origen en la falta de oportunidades laborales y en las crisis económicas, recurrentes en nuestro país, si no que se agravan gracias a lagunas en la ley, que no han establecido con claridad la responsabilidad de los padres en la omisión de cuidado a que están obligados, para con los hijos que están bajo la patria potestad, tampoco se establecen con claridad la pena que el Estado pueda establecer en contra de los padres que no brindan a sus hijos una adecuada educación formal y no formal, que incluya valores y principios, un ambiente emocionalmente sano, una convivencia armoniosa y una oportuna corrección de conductas, ni señalan las obligaciones del Estado en este sentido.
Basados en los ordenamientos legales que establecen las obligaciones y responsabilidades, tanto del Estado como de los padres, tenemos que conocer las implicaciones legales y sociales que deben o deberían enfrentar, por la falta de compromiso en la crianza de los hijos, que sin lugar a dudas debe ir más allá de la educación formal del sistema estatal.
¿Cómo se percibirán a sí mismos los padres de familia con respecto a la normatividad que les impone el cumplimiento de una educación integral?, pues en determinado momento pudieran estar pensando que la crianza y formación de sus hijos no es del todo su responsabilidad, si no que es una misión compartida con el Estado, formándose así un circulo vicioso, en donde nadie asume su papel y delega en el otro, el compromiso.
Creo que es importante señalar las carencias normativas y la forma en que éstas pueden ser percibidas por el ciudadano común, amén de las repercusiones sociales que implican, orientar mejor las políticas administrativas y normativas de la sociedad, constituyendo una invitación a la reflexión tanto de padres de familia como de autoridades.
Juzgo que, como parte de la sociedad, por obligación moral debemos conocer los efectos de la falta de compromiso de los padres y de la poca o nula aplicación de la ley o la escasa normatividad que sobre el tema se ha producido en materia legislativa.
[1] Kelsen, Hans, Teoría General del Estado, pág. 56.
[2] Serra, Rojas Andrés, Teoría del Estado, Pág. 69-70
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