Esta sensación de vivir, en tiempos cada vez más violentos, se ha arraigado tanto en nuestra ideología, que ya no se la cuestiona, se le da por un hecho, sin reflexionar que la realidad, se construye de pequeñas conductas individuales, donde encuentra explicación causal todo fenómeno social, por tanto, entender tales conductas, permite tener elementos para enfrentar mejor esta problemática.
Buscar una explicación para la delincuencia, requiere determinar sus orígenes, manifestaciones y consecuencias, explorando las causas subyacentes, que le permiten existir, no sólo en las condiciones socioeconómicas de quien delinque, sino en los factores que facilitan su aparición, desarrollo y permanencia y en los sectores sociales interesados en que las “cosas cambien, para seguir igual”.
Es necesario analizar el efecto de las instituciones sociales, jurídicas, educativas, ideológicas, etc., considerando que hay factores subjetivos, en cada una de ellas, que pueden propiciar conductas delictivas, desde la apatía de quienes culpan al Estado (desplazando su responsabilidad), la ignorancia de los que culpan a las minorías (indigentes, pobres, etc.), la conformidad de los que culpan a Dios, a las crisis, los que se resignan ante la inseguridad y los que omiten su responsabilidad aún en sus propiedades (los que exigen que papa-Gobierno sea quien los defienda y ellos sólo se dejan cuidar), etc.
Creo que para identificar, explicar y comprender el problema delictivo, se requiere una visión interdisciplinaria, para analizar, explicar y comprender el comportamiento y la conducta, desde su formación hasta su manifestación, pues como bien señala Cáceres:
“Las restricciones epistemológicas impuestas por el normativismo positivista, paradigma en el que somos socializados los juristas, impiden que podamos percibir, identificar, explicar, comprender y manipular los procesos mediante los cuales el derecho incide en la realidad social”[2]
A manera de ejemplo, de lo difícil que sería abordar esta problemática desde una sola perspectiva, deseamos analizar un comportamiento típico:
Un ladrón se acerca y nos pide la cartera, lo más probable es que asumamos una actitud sumisa, que de enfrentamiento o resistencia (los “expertos” dicen que es de sentido común no oponerse), le damos lo que pide, aunque venga desarmado, y aparte de la impotencia que experimentamos, muy probablemente pensemos que no todo es su culpa (diremos que lo hace porque es pobre, adicto, callejero, desempleado, etc.), que la culpa es del Gobierno por no tener suficientes policías, que fue Dios para castigarnos, tal vez, aunque más difícilmente, diremos que se debe a nuestra incapacidad para defendernos, etc.
Haciendo un análisis interdisciplinario superficial, encontramos que:
1. Un ladrón se acerca y nos pide la cartera (un sujeto está violando una norma jurídica y transgrediendo un derecho y una garantía otorgada por el Estado: la de seguridad, además manifiesta una conducta social desviada)
2. Es más probable que asumamos una actitud de sumisión (dejamos que el delincuente nos intimide, no arriesgamos nuestra integridad física)
3. No asumimos un actitud de enfrentamiento o resistencia (porque sabemos que el Estado no va a llegar en el momento a auxiliarnos, que tal vez somos más débiles que el delincuente, nos han dicho que nos no opongamos, etc.)
4. Le damos lo que pide (cooperamos con el, para que no nos agreda, porque vivimos en un estado de indefensión “creado”)
5. Aunque venga desarmado (tenemos un temor instintivo y tan condicionado que no oponemos ningún mecanismo de defensa –huir o atacar-)
6. Experimentamos impotencia (que a su vez se transforma en frustración y en sentimientos de culpa y en recriminaciones para con nosotros mismos)
Dejemos el análisis hasta aquí, lo que quería resaltar es que difícilmente una sola disciplina tiene la respuesta a todos los factores intrínsecos y extrínsecos del problema delictivo.
Otro aspecto que puedo evidenciar es ¿cómo los ciudadanos están perdiendo autonomía, manifestando una negación de su libertad, en la búsqueda de un Estado-paraíso, donde nadie es responsable de sus acciones? y tácitamente aceptan que se les diga:
“Yo [Estado] me ocupo de todo, tu [ciudadano] sólo tienes que obedecerme, para que todo funcione bien, si hay una crisis yo crearé una demanda artificial para reanimar la economía; si aumenta la delincuencia, no te defiendas, yo la combatiré, en fin; sólo tienes que actuar como robot, no pienses, no actúes sin mí consentimiento, yo te adoctrinaré con mis leyes, monopolios mediáticos, iglesias y escuelas; tu deber es ser dócil y mantenerme”.[3]*
Así como un programador de computadoras, crea un software a la medida, el Estado lo hace con el gobernado, lo parametriza, le dicta normas, le prohíbe todo, vuelve al ser humano (libre en esencia), un sujeto, un incapaz que debe ser tutelado, que ya no sabe como actuar ante una situación no esperada.
El individuo pierde autonomía, libertad e independencia. Estos principios y valores deben reivindicarse como ideales del Derecho y no como discurso político. Ante la delincuencia, nadie sabe como actuar, no tiene elección (eso ha aprendido); cree que solo el Estado puede defenderlo y cuando éste le falla, y no pocas veces ocurre, entonces reclama un Estado más poderoso.
Se busca en el Estado, un padre protector, que dé soluciones, que a veces, lejos de resolver la situación, la empeoran, pues éste responde creando políticas, instituciones o leyes emergentes, sin haber previsto sus alcances, consecuencias o limites, originando nuevos problemas, que se heredan al siguiente Gobierno.
Habermas criticó el carácter mesiánico del Estado comunista, por pretender controlarlo todo, en lo personal, critico la “misión domesticadora” del Estado mexicano, que busca la aceptación de su omnipotencia, que se reduce a que:
“…el Estado se convierta, pues, de mero factum de potestad, en Estado de Derecho, que se justifica porque elabora el Derecho…”[4].
Rechazo que el Estado se autolegitime, dictando normas que modelen la conducta del individuo, utilizando el control social, a través de los medios que tiene a su alcance (leyes, propagandas, planes de estudio, etc.), sin haber antes implementado estrategias eficaces para lograr el desarrollo armónico del individuo y políticas públicas que prevengan la aparición de conductas delictivas.
Hasta ahora ningún Plan Nacional de Desarrollo ha perdurado lo suficiente para obtener resultados concretos, sus instituciones son rebasadas y las leyes son de carácter remedial más que previsor y que parecen producirse al vapor, sin analizar antes sus efectos a corto, mediano y largo plazo.
Paradójicamente, cuando se crea una nueva ley, ésta nace imperfecta (no contempla sanciones, no se pueden aplicar, etc.) o inválida (porque contraviene algún principio constitucional), por tanto, ineficaz. Una nueva institución requiere erogaciones no presupuestadas y una nueva política pública, que no es ensayada, antes de ser puesta en práctica, no garantiza resultados.
El Estado se autojustifica, creando estereotipos del delincuente, centra la atención sobre marginados, vagos, narcotraficantes, etc. y su solución es enviar a prisión a la mayor cantidad de delincuentes posible, sin preocuparse de que sean rehabilitados ni propiciar políticas de reinserción en la vida social, pues las condiciones en que abandonan la cárcel, una vez purgada su sentencia, (si es que pisan la cárcel o pueden salir de ella) no son las óptimas.
Se nos vende la ilusión de que vivimos en un Estado de Derecho, que lucha por una sociedad moderna e igualitaria, sin considerar que el Estado al erigirse en nuestro protector, “al cuidarnos de los malos y meterlos a la cárcel”, está omitiendo una función más que esencial: PREVENIR, pues no evita que se cometan delitos, no evita la formación de delincuentes y tampoco los rehabilita, para evitar que vuelvan a delinquir.
El Estado debe realizar funciones de prevención, para cumplir con la garantía de seguridad, a que está obligado. La prevención es una de sus atribuciones, por su función administrativa.
Urge un cambio radical en la política social, que no parta del viejo modelo del control social, pues para que la sociedad “funcione”, se debe educar, formar e informar, más que cuidar, modelar y tutelar al gobernado.
Para tener “hombres de bien”, no basta con brindarles hipotéticamente derechos de alimentación, vivienda, educación, se debe buscar la formación integral, una socialización conciente; se debe rescatar la motivación personal, generar nuevas pautas de conducta, sin esperar sumisión, conformidad y obediencia, se debe modificar la relación Estado-individuo.
“… La separación entre individuo y sociedad, en virtud de la cual el individuo acepta los límites prefijados a su conducta (por control social), es relativizada en la teoría crítica, que concibe la acción conjunta de las conductas aisladas, como una función que puede estar subordinada también a la decisión planificada, a la persecución racional de fines”.[5]
Mientras que el Estado, se conforme con vendernos la idea de que tiene un “adecuado control social” y sus ideólogos insistan en que los fines estatales son la justicia, el bien común y el desarrollo armónico de los gobernados, garantizando su educación, salud, bienestar, etc., que les permita alcanzar su máximo potencial en un ambiente socialmente sano, y no aclaren ¿cómo y con qué, se van a lograr todos esos fines?, que son indudablemente necesarios pero inequitativamente otorgados, lo que se aprecia es que, aunque para la ley, todos somos iguales, hay unos mas iguales que otros (como dice G. Orwell en su Rebelión en la granja).
Respecto a la finalidad del Estado, Serra Rojas, señala que:
“…debemos distinguir dos posiciones… la que podemos asumir concibiendo a un hombre, a una sociedad, a un Estado y a un derecho, idealizados y la que corresponde a la realidad. En la especulación sobre los fines del Derecho y del Estado es posible admitir que son la felicidad del hombre en su ser individual y en su ser colectivo.”[6]
Nada más alejado de la verdad. Como veremos en el capitulo tres, lo que tenemos son programas y políticas públicas que no encuadran con la realidad, las medidas de prevención son poco o nada eficaces, va en aumento el desempleo, la inseguridad, la desintegración y violencia familiar, las adicciones, el bajo aprovechamiento, la deserción escolar y un largo etcétera y las consecuencias nocivas de este descuido estatal son crecientes y provocan problemas cada vez más graves. Vemos surgir medidas paliativas, que se traducen en:
- Más delincuentes en la calle (porque la conducta delictiva no es prevenida ni castigada adecuadamente, cuando ya ocurrió –solo unos cuantos, van a dar a la cárcel y no siempre son los culpables o los que nunca pisarán la cárcel, gracias a sus influencias-, tampoco se les “rehabilita”, pues no se evita que vuelvan a delinquir y menos si salen de prisión con la etiqueta de exconvictos, que les dificulta su reinserción en la vida social), y
- Menos delincuentes en la cárcel, (porque, aunque es el medio de control social más socorrido, también es el menos eficaz, gracias a la corrupción de las autoridades), sin contar que hay gente que está en prisión, aún siendo inocente, (porque es ignorante, no tuvo para pagar la fianza o un abogado).
La delincuencia se torna un círculo vicioso, donde se desplaza la culpa del Estado al gobernado y viceversa, considero que SI, HAY RESPONSABLES: El Estado y los padres de familia y como todo responsable, deben responder por las acciones u omisiones, que afectan la conducta de los menores de edad, cuando éstas pueden derivar en actos delictivos, si no se corrigen o previenen a tiempo.
Me surgen una serie de interrogantes que no han encontrado respuesta satisfactoria en el ámbito disciplinario, por lo que mi único afán es analizar si el Estado cumple su papel de garante de la institución familiar y del desarrollo armónico e integral del individuo y si con la creación de leyes, instituciones o políticas públicas se puede solucionar el problema delictivo o se previene una conducta desviada.
Si existe responsabilidad de los padres de familia en el incremento de la delincuencia, ¿qué sucede cuando omiten cumplir sus obligaciones?, pues son ellos los encargados de criar a sus hijos, cuidarlos, enviarlos a la escuela, para que en “familia” (junto con los amigos, la Iglesia, etc., los ayuden a desarrollarse integralmente).
Se me podría acusar de querer fincar responsabilidad penal o civil a los padres, por estar demasiado ocupados, llevando comida a sus hogares, como para ocuparse de la crianza de sus hijos, tal vez, pero ¿acaso no fueron esos padres los que decidieron libre y responsablemente el número de hijos que querían tener? y ¿los que debieron prever las consecuencias de su paternidad y la responsabilidad que ésta conlleva? ¿qué sucede en el seno familiar, cuando son los padres los que atentan contra la integridad de sus hijos, cometiendo delitos contra éstos o adoptando conductas delictivas que pueden imitar? y ¿cuándo omiten cumplir con las obligaciones que la ley les impone?
El Estado y los padres de familia, coinciden en que la solución es crear leyes, que controlen cada acción, que haya más policías e instituciones improductivas, vigilando a la sociedad, pero insistimos, ¿una ley, institución o política, puede cumplir con todas las funciones que se le confieren?
Me parece que, si existe responsabilidad del Estado y de los padres, por la formación del delincuente, porque incumplen con el cuidado, educación y crianza de los niños, y no brindan modelos conductuales correctos lo que repercute en la conducta de los hijos.
[2] Cáceres Nieto, Jorge, Psicología y constructivismo jurídico: Apuntes para una transición paradigmática interdisciplinaria, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
[3] Muidock, A., Para la clasificación de los datos culturales, México, Ed. Aguilar, 2003, pág. 143 *Los corchetes son míos.
[4] Kelsen, Hans, Teoría pura del Derecho, México, Ed. Nacional, 1982, Pág. 156
[5] Horkheimer, Max, Teoría critica, Buenos Aires, Ed. Amorrortu, 1974, pp. 239
[6] Serra Rojas, Andrés, Teoría del Estado, México, Ed. Porrúa, 2000, pág. 76
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